La presencia de campas ilegales de vehículos en Málaga vuelve a situarse en el centro del debate político y vecinal. El distrito de Churriana, y en concreto la zona de Guadalmar, se ha convertido en uno de los principales focos de este problema, con terrenos públicos ocupados de forma irregular por empresas de alquiler de coches que operan al margen de la normativa municipal.

Desde el PSOE, el concejal Salvador Trujillo ha denunciado públicamente lo que califica como una situación “cronificada”, alertando del impacto que estas prácticas tienen tanto en la seguridad ciudadana como en la imagen de una de las áreas más cercanas al aeropuerto y al litoral oeste de la capital.

Aparcamientos irregulares en terrenos públicos de Guadalmar

Según ha señalado Trujillo, en las últimas semanas se ha detectado una nueva campa ilegal en Guadalmar en la que se concentran alrededor de 300 vehículos. Estos coches pertenecen a usuarios que, a través de intermediarios y empresas no autorizadas, pagan una media de seis euros diarios por estacionar sus vehículos en parcelas públicas sin licencia ni control administrativo.

Los terrenos utilizados no cuentan con autorización municipal, ni reúnen condiciones mínimas de seguridad, vigilancia o protección. A pesar de ello, las empresas responsables presentan estos espacios como aparcamientos “seguros”, generando una falsa sensación de legalidad entre los usuarios.

El edil socialista advierte de que esta práctica se repite de forma sistemática en distintos puntos del distrito, aprovechando la falta de control efectivo y la lentitud de los procedimientos administrativos.

Un problema recurrente en el distrito de Churriana

Desde el grupo municipal socialista se insiste en que las campas ilegales no son un fenómeno puntual, sino un problema estructural en Churriana. La cercanía con el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha favorecido la proliferación de este tipo de negocios irregulares, orientados principalmente a viajeros que buscan dejar su vehículo durante varios días.

Trujillo ha calificado esta situación como un “mal endémico”, señalando que la pasividad administrativa ha permitido que estas actividades se consoliden con el paso del tiempo, sin una respuesta contundente por parte del Ayuntamiento.

Impacto directo en la seguridad y el entorno urbano

La utilización de descampados como aparcamientos improvisados genera una serie de problemas de seguridad y convivencia que afectan tanto a los usuarios como a los vecinos de la zona. Entre los principales riesgos detectados destacan:

• Ausencia de vallado o control de accesos.

• Falta de vigilancia permanente.

• Incremento del riesgo de robos, actos vandálicos y daños materiales.

• Deterioro del entorno urbano y del paisaje.

• Percepción de desorden y abandono en espacios públicos.

Además, la acumulación de vehículos en zonas no habilitadas puede afectar a la movilidad, generar obstáculos en caminos rurales y suponer un riesgo añadido en caso de emergencias o evacuaciones.

Procedimientos administrativos lentos y poco eficaces

Uno de los puntos más criticados por el PSOE es el funcionamiento del protocolo municipal ante la detección de estas campas. Según ha explicado Trujillo, cuando la Policía Local localiza una instalación ilegal, se limita a levantar un acta que se remite posteriormente al área de Vía Pública.

El problema, según denuncia el concejal, es que este departamento puede tardar hasta tres meses en emitir una resolución. Durante ese tiempo, las empresas continúan operando con normalidad, generando beneficios económicos que, en muchos casos, superan con creces el importe de las posibles sanciones.

Cuando finalmente se actúa, es habitual que la campa ya haya sido retirada de forma temporal, lo que dificulta la imposición de sanciones efectivas y permite que el negocio se reactive poco después en otra ubicación cercana.

Petición de coordinación inmediata entre áreas municipales

Ante este escenario, el PSOE reclama una mayor coordinación entre la Policía Local y el área de Vía Pública para permitir actuaciones inmediatas que frenen estas prácticas desde el primer momento. La propuesta pasa por habilitar mecanismos de intervención rápida que eviten la dilación administrativa y refuercen la capacidad disuasoria del Ayuntamiento.

Desde la oposición se considera imprescindible que el Consistorio actúe con mayor firmeza para evitar que el uso irregular de suelo público se convierta en una actividad normalizada.

Riesgos añadidos para el turismo y la imagen de Málaga

Guadalmar es una de las zonas con mayor tránsito de visitantes debido a su proximidad con el aeropuerto y las playas del litoral oeste. La existencia de aparcamientos ilegales en espacios degradados proyecta, según denuncian los socialistas, una imagen negativa tanto para residentes como para turistas.

Además, el uso de estos servicios no regulados puede derivar en conflictos legales para los usuarios en caso de robos, daños o incidencias, al no existir ningún tipo de seguro ni responsabilidad contractual real.

Propuestas para atajar el problema de las campas ilegales

Entre las medidas que el PSOE considera necesarias para abordar esta situación destacan varias líneas de actuación:

1. Creación de zonas de aparcamiento reguladas, con licencias claras y condiciones de seguridad.

2. Refuerzo de la vigilancia policial en los puntos más conflictivos del distrito.

3. Sanciones más rápidas y contundentes para las empresas infractoras.

4. Campañas informativas para advertir a los usuarios sobre los riesgos legales y de seguridad de utilizar estos espacios.

5. Recuperación y protección del suelo público afectado por estas prácticas.

La situación en Guadalmar continúa generando preocupación entre vecinos y representantes políticos, mientras se mantiene el debate sobre la necesidad de una respuesta más ágil y coordinada por parte del Ayuntamiento para frenar la proliferación de estas campas ilegales en Málaga.